La ley provincial de equilibrio poblacional de perros y gatos entró esta seman en plena vigencia, luego de que el gobernador Antonio Bonfatti firmara el decreto que la reglamenta. La norma, de fuerte impacto para algunas localidades, prohíbe en todas las dependecias oficiales el sacrificio y la eutanasia como método de control de la población de estos animales; y todos los actos que impliquen malos tratos o crueldad, ya sea por acción u omisión, en forma directa o indirecta.
Pero no solamente eso. La reglamentación establece como único método de control poblacional la esterilización quirúrgica, de acuerdo a los protocolos de actuación, y declara como oblitatorio en toda la provincia “la vacunacion, el tratamiento antiparasitario de perros y gatos, y la aplicación de todos los métodos preventivos contra todo tipo de zoonosis”. También se promueven “programas educativos y el desarrollo controlado y sanitario de la población animal, en una concepción de respeto por la vida, para armonizar su relación con el hombre”.
La norma, que puede resultar lógica y casi obvia en grandes ciudades donde se trabaja desde hace años en la castración masiva, representa sin embargo un fuerte desafío para las poblaciones más pequeñas, donde las políticas públicas respecto de la tenencia responsable de mascotas, la esterilización y el cuidado de los animales callejeros son muy pobres y, en algunos casos, nulas. Y constituye también una herramienta muy importante de presión y acción para las organizaciones que desde hace tiempo vienen trabajando en el interior de la provincia para promover este tipo de políticas, entidades cuyas voces suelen ser muchas veces desoídas .
Con municipios. A través el decreto 1.936, el Poder Ejecutivo determinó que la autoridad de aplicación de la ley, que lleva el número 13.383, será el Ministerio de Salud, que deberá “coordinar con los ejecutivos municipales y comunales, la implementación y difusión masiva de las actividades a realizar para el cumplimiento” de la norma. Asimismo, esa cartera está autorizada a “realizar todo tipo de convenios” para garantizar su efectiva aplicacion.
La norma fue sancionada por la Legislatura en noviembre de 2013, se promulgó en enero de este año y finalmente la semana pasada quedó reglamentada. El proyecto fue presentado en 2009 por la diputada Alicia Gutiérrez, —también autora de la ley que prohibe las carreras de galgos en toda la provincia, sancionada el año pasado—, y fuertemente apoyado por entidades proteccionistas, que recolectaron miles de firmas para refrendar el pedido.
Polémica. La iniciativa generó sin embargo una fuerte polémica con colegios de veterinarios, que fijaron sus posiciones al defender la eutanacia en los casos en que es precisa su prescripción, es decir, en casos en que el animal no pueda ser tratado por tener una enfermedad incurable o bien cuando puede transmitir enfermedades a la población.
La polémica se despeja con la cláusula de que la prohibición se circunscribe a las dependencias del Estado, en cualquiera de sus niveles, por lo que un profesional privado puede tranquilamente practicar el sacrificio y eutanasia, de considerarlo necesario.
“Acá lo que se pretende es que los municipios y comunas de la provincia paren de seguir cazando perros y matándolos, o que algún demente los envenene masivamente”, como ha ocurrido, enfatizó Gutiérrez en diálogo con La Capital.
En ese sentido, la legisladora aclaró que si bien la ley “no dice expresamente que los gobiernos locales deban adherir a la norma, no es necesario que lo hagan porque legalmente deben respetarla y realizar las castraciones masivas. Es importante que se comprometan a realizarlas en forma permanente y sostenida en l tiempo porque la poblacion de perros y gatos se multiplica en forma exponencial”.
Tenencia responsable. Al respecto, la diputada remarcó que “los perros de la calle son los que menos viven, pero los domiciliarios por ahí son liberados y son los que se reproducen más rápidamente. De allí que no sólo hay que hacer hincapié en la esterilización, sino en campañas de tenencia responsable, y lógicamente contra el maltrato animal, que está expresamente prohibido”.
Sobre este último tema, Gutiérrez recordó que “si un ciudadano es testigo y decide denunciarlo, no tiene más que presentarse en la Justicia, en la fiscalía de turno. Hoy hay una en Rosario que se encarga de todo lo que tiene que ver con derecho animal, y todo se resuelve en el fueron judicial provincial”. Contó.
La ley provincial puede convertirse así en una herramienta de denuncia frente a acciones, algunas individuales y otras hasta promovidas por los Estados, que tienden a deshacerse de los perros abandonados. Baste recordar noticias publicadas en este mismo diario sobre el abandono de perros en algunas localidades, traídos directamente en camionetas desde otras, o el maltrato al que son sometidos los animales en supuestos criaderos.
Fuente: La Capital